sábado, 18 de junio de 2011

VIABILIDAD JURIDICA DE LOS PRODUCTOS TRANSGENICOS

¡NO AL MAÍZ TRANSGÉNICO, FUERA MONSANTO!

Ante el vacío informativo que genera la autoridad en la materia y, aún peor, la distorsión informativa que emiten los funcionarios de SAGARPA para alentar el establecimiento de estos cultivos experimentales, argumentando mayores rendimientos por hectárea y un mejor control de plagas y malezas, durante dos días nos dimos a la tarea de escuchar y cuestionar a especialistas y a otras organizaciones del país y de Estados Unidos que han dado seguimiento puntual y han evaluado los impactos verdaderos de los transgénicos en la producción, la economía, el medio ambiente y la salud humana.

 Los permisos otorgados para la siembra de maíz transgénico en el sur del país no cumplen con los principios y acuerdos establecidos en los tratados internacionales en materia de biodiversidad.

El gobierno mexicano no sólo no exige e impone el cumplimiento de estos tratados firmados por él, sino que alienta la implantación de transgénicos mediante la otorgación de subsidios que por elemental sentido de justica social, y en aras de la soberanía alimentaria, deberían destinarse a fomentar la investigación nacional a partir de la optimización de nuestras variedades nativas.

El principio de precaución no se cumple porque existe riesgo evidente de contaminación de las variedades y especies tradicionales así como riesgos para la salud de las personas.

 El principio internacional para fomentar el conocimiento informativo previo tampoco se cumple, pues hasta ahora, la SAGARPA se ha negado sistemáticamente a proporcionar información sobre la variación genética que pretenden ensayar, los resultados esperados, y principalmente se niegan a revelar la ubicación exacta de las parcelas a establecer la siembra experimental en Sonora, temiendo seguramente la protesta social en dichas parcelas y, fundamentalmente, la promoción de amparos de los productores vecinos de los agricultores cooperantes.

Que es falso que los transgénicos aumenten la producción, abaten costos y contribuyen a abatir el hambre. Al contrario, mediante las patentes de las semillas modificadas, las trasnacionales como Monsanto se apoderan por completo de los beneficios de la agricultura dando el tiro de gracia a los productores locales.

Es evidente que requerimos en México un marco jurídico que garantice el principio de precaución frente a la presencia de cultivos y alimentos transgénicos, y no una legislación a modo como la que ahora favorece los intereses de las trasnacionales de alimentos como Monsanto, por encima de la salud y economía de los productores y consumidores mexicanos.

Por si lo expuesto fuera poco, de 1996 a la fecha, la trasnacional Monsanto, que detenta el monopolio mundial de las semillas transgénicas, demandó por lo menos a más de 150 agricultores acusándolos de violar sus patentes, creando una cultura de miedo e intimidación entre los productores, quienes incluso sin usar los productos de la multinacional, sufren la contaminación transgénica en sus parcelas, y por ello, en el absurdo legal, son objeto de demandas.

Resolutivos y acuerdos con el gobierno

1. Exigimos la cancelación inmediata de los 35 permisos otorgados para la siembra experimental de maíz transgénico en ocho estados de la república.

2. Demandamos la derogación de la Ley de Bioseguridad de organismos genéticamente modificados y la aprobación de un marco jurídico que garantice el principio de precaución frente a cualquier evento de presencia de cultivos o alimentos transgénicos.

3. Reclamamos la derogación de la Ley de Variedades Vegetales y la Ley de Producción y Certificación de Semillas, porque comprometen nuestros derechos comunitarios, sobre los recursos genéticos y las semillas; y sustituirlas por nuevas leyes que fomenten la investigación y desarrollo en semillas, que garanticen la protección de los derechos de los pueblos sobre las semillas y aseguren su libre intercambio evitando la diseminación de semillas estériles, como las que se derivan de la llamada tecnología “zombi” o “terminator”, y frenar así la dependencia tecnológica y económica.

4. Exigimos el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en la Agenda XXI, en la Cumbre del Tierra, la Convención de Bioseguridad, y particularmente de los principios derivados del Protocolo de Cartagena, referidos a: precaución, el conocimiento informado previo, el reparto equitativo de beneficios, y los derechos de los pueblos indios sobre sus recursos naturales y el conocimiento asociado a ellos.

5. Solicitamos al Congreso de la Unión el reconocimiento y aprobación del derecho a la alimentación, como derecho constitucional universal. ¡Por una alimentación sana y suficiente para todos los mexicanos!

6. Exigimos que todos los alimentos transgénicos que se producen en México o se importan, sean debidamente etiquetados para garantizar el derecho elemental de libre determinación como mexicanos a decidir lo que comemos.

7. Exigimos políticas públicas adecuadas para atender la creciente pobreza alimentaria en nuestro país y la alarmante dependencia alimentaria que representa casi la mitad de lo que consumimos. En consecuencia, demandamos al gobierno acatar los principios de la soberanía alimentaria previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fomentando la producción nacional, garantizando alimentos sanos libres de pesticidas, orgánicos y sustentables, y fortaleciendo la agricultura campesina.

8. Convocamos a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y a las organizaciones de productores y campesinos, sin distinción de tamaño o afiliación política, a crear una red en defensa del maíz, a construir y operar una red de vigilancia y monitoreo para evitar que este intento de siembra experimental contamine nuestras parcelas y consecuentemente los alimentos.

9. Exigimos al Gobierno que garantice y defienda nuestros derechos como productores de granos básicos y alimentos, que se protejan los recursos naturales y el medio ambiente en nuestra entidad; y que exija a la contraparte federal la información suficiente, el seguimiento y supervisión de los seis permisos autorizados.

10. Exigimos al Gobierno Federal que informe que tipo de experimentos está autorizando, que tipo de transgénico es la semilla autorizada, en que predios están sembrados. Los vecinos tenemos derecho a esta información por la magnitud del riesgo al que nos están exponiendo.



Programa para el Campo Mexicano

1) Que el campo y los campesinos e indígenas y los pobres de las ciudades sean una de las prioridades del desarrollo nacional, reflejada en un presupuesto justo, el cual garantice la producción de alimentos sanos y accesibles para todos los mexicanos.
2) Impulsar una reforma rural integral y sustentable, que signifique aplicar una agricultura multifuncional, con servicios financieros accesibles y fortaleciendo los mercados locales y regionales en nuestro país.
3) Impulsar una política social rural que erradique la pobreza en el campo, garantice el servicio de salud gratuita, haga efectiva la educación básica de nueve años a los hijos de campesinos, que garantice el aprendizaje de la lengua natural de cada región y se creen y fortalezcan fondos sociales para que los pobres generen autoempleo.
4) Hacer una reforma jurídica rural, para elevar a rango constitucional la Soberanía Alimentaria, que impulse la plena aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la cual garantiza la Soberanía Alimentaria para los mexicanos; que se renegocie el TLCAN en materia agropecuaria; y que se suprima del Articulo 27 Constitucional que las sociedades mercantiles sean dueñas de predios rústicos.
5) Reconocer los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
6) Definir y aplicar políticas de apoyo a los trabajadores migrantes.
7) Impulsar una política que garantice la bioseguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad.
8) Fomentar la organización campesina indígena, con especial énfasis la de las mujeres y los jóvenes.
9) Lograr mayores captaciones fiscales con justicia y equidad para los campesinos e indígenas y pobres de la ciudad.
10) Que cualquier reforma institucional garantice que los instrumentos gubernamentales se pongan al servicio de los campesinos e indígenas y que no se usen en forma coercitiva y patrimonialista.
¡¡¡SOBERANÍA ALIMENTARIA, DEMOCRACIA Y JUSTICIA PARA UNA VIDA DIGNA!!!

EQUIPO:
-          KATIA CHAVEZ MEJIA
-          ANDREA GONZALEZ HERNANDEZ
-          EDGAR ROQUE ESTRADA
-          ELSA GUADALUPE SOLANO GARCIA
-      JAZMIN ARACELI VALDEZ URBINA

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